La aplicación de la Ordenanza 4-2021 reaviva el debate sobre el pago del servicio, mientras persisten prácticas informales que debilitan la gestión municipal y agravan los vertederos improvisados.
Boca Chica, República Dominicana. — La aplicación de la Ordenanza Municipal No. 4-2021, aprobada por el Concejo de Regidores en el año 2021, ha reabierto un debate clave en Boca Chica: el equilibrio entre el orden institucional y las prácticas informales que durante años han marcado la disposición de desechos en el municipio.
La normativa, vigente desde su promulgación, establece el cobro por el servicio de recogida de desechos sólidos como un mecanismo para garantizar limpieza, organización y salud pública. Sin embargo, su implementación efectiva en la actualidad ha generado reacciones divididas entre ciudadanos, comerciantes e instituciones.
Por un lado, sectores valoran la medida como necesaria para fortalecer un servicio esencial que impacta directamente la calidad de vida. Por otro, surgen cuestionamientos sobre los montos, su aplicación y el momento en que se ejecuta.
Pero el debate no se limita al cobro.
En el centro de la discusión también emerge una práctica que ha operado al margen del sistema formal: el pago a terceros —incluyendo personas en condición de vulnerabilidad— para la disposición de desechos. En muchos casos, estos residuos terminan en vertederos improvisados, contribuyendo al desorden urbano, la contaminación y el deterioro de la imagen del municipio.
Esta realidad plantea un punto de quiebre en la conversación pública:
¿Debe mantenerse un modelo informal que reproduce el problema, o apostar por fortalecer el servicio municipal como solución estructural?
Desde la Alcaldía se ha reiterado que la ordenanza no representa una nueva imposición, sino la ejecución de una disposición vigente desde hace varios años, cuyo objetivo es corregir distorsiones, organizar el sistema y dotar al ayuntamiento de mayores herramientas para responder de manera eficiente.
Las autoridades explican que los recursos generados a través de estas tarifas permiten sostener la operatividad del servicio: recolección, transporte y disposición final de residuos, mantenimiento de equipos y pago del personal de limpieza.
Asimismo, se aclaró que estos pagos corresponden a arbitrios municipales, diferenciándose de los impuestos nacionales administrados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ya que están destinados exclusivamente a financiar servicios locales, conforme a lo establecido en la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
En respuesta a las distintas posturas, la Alcaldía ha puesto en marcha una campaña informativa orientada a explicar el alcance de la ordenanza, promover el cumplimiento y fomentar una cultura de corresponsabilidad en el manejo de los desechos sólidos.
El debate sigue abierto en Boca Chica, dejando sobre la mesa una reflexión que trasciende la normativa:
una ciudad limpia no solo se construye con decisiones institucionales, sino también con la voluntad colectiva de cambiar prácticas que por años han limitado su desarrollo.
