SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Dirección General de Servicios
Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) realizó una evaluación de las condiciones
médicas de las personas privadas de libertad en la provincia Pedernales, como parte
de las iniciativas emprendidas por esta entidad en la gestión de la salud de los internos
del sistema penitenciario nacional.
Un comunicado de prensa en el que la institución da a conocer la información
expresa que las Personas Privadas de Libertad (PPL) reciben servicios médicos en el
recinto penitenciario y en situaciones de emergencia son trasladados de manera
inmediata a los hospitales de la provincia en coordinación con la dirección del
centro.
La institución señala que de los 25 mil 674 privados de libertad que alberga el sistema
penitenciario de todo el país, en los centros de la región sur guardan prisión 6,266,
de los cuales 85 son de Pedernales.
El Departamento de Salud Física de la DGSPC, como parte de las medidas tendentes
a aplicar las mejoras necesarias en los servicios que ofrece el sistema penitenciario,
realizó una evaluación y elaboró un informe con los resultados de la situación de
salud de los internos de Pedernales que revela que en la actualidad siete de ellos
padecen de hipertensión arterial, uno de diabetes y uno del Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH).
La información destaca que el recinto de Pedernales, ubicado en el sur profundo,
alberga a 33 condenados y 52 preventivos, 26 de ellos extranjeros, incluyendo 24
haitianos, un brasileño, y un colombiano.
El centro de privación de libertad, al igual que otros centros no reformados, se
encuentra en una fase de transición a Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR),
según lo contempla la reforma penitenciaria, que inició con el cambio de los
directores y de la seguridad de los centros por Agentes de Vigilancia y Tratamiento
Penitenciario (VTP), como ha ocurrido a nivel nacional.
La reforma penitenciaria incluyó la derogación de la Ley 224-84 sobre Régimen
Penitenciario, por la Ley 113-21, que desde su promulgación rige el sistema
penitenciario dominicano, y que, entre otras cosas, sanciona la discriminación de los
privados de libertad, ordena el acceso a los servicios de salud de que disponga el país
y la obligatoriedad de la atención médica dentro y fuera de los centros.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales reitera en el
documento de prensa que la atención en salud es de alta prioridad para la
institución por lo que está enfocada en velar por la salud y la dignidad de las personas
privada de libertad, trabajando en las mejoras continuas de los servicios.
